Sánchez subirá las cotizaciones a las empresas 2.800 millones para tapar el agujero de las pensiones

La enorme subida de las pensiones en 2023, estimada en un 8,5%, tendrá un coste cercano a 20.000 millones y obligará al Estado a inyectar 38.000 millones en la Seguridad Social para tapar el agujero entre ese coste y las insuficientes cotizaciones sociales. Pero no acaba ahí la cosa, sino que el próximo año Pedro Sánchez va a subir las cotizaciones a las empresas en 2.793 millones más.

Ese incremento viene a cuenta de algo llamado «mecanismo de equidad intergeneracional», por el que, «a partir de 2023 y a lo largo de un periodo de diez años, se fija una cotización adicional finalista que nutrirá el Fondo de Reserva de la Seguridad Social», según explica el libro amarillo de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año.

Esta es la propuesta con la que el ministro José Luis Escrivá quiere apaciguar las exigencias de Bruselas para reducir el déficit del sistema de pensiones español. Sustituye así al famoso factor de sostenibilidad de Mariano Rajoy que Sánchez derogó nada más llegar al poder. Y esta nueva recaudación extra, como le costaría votos al Gobierno aplicársela a los trabajadores, se impondrá exclusivamente a las empresas.

Además de esta nueva aportación, las cotizaciones subirán en conjunto un 11,5%, según el proyecto de Presupuestos, por el aumento del empleo que espera en las fantasiosas predicciones de crecimiento económico del Ejecutivo y por la subida de las bases máximas de cotización en un 8,6% (y que afecta a todas las bases inferiores); subida que supone otro golpe para las compañías, que pagan el grueso de las cotizaciones de cada trabajador.

Estas nuevas cargas se suman a las subidas de impuestos aprobadas para el próximo año por el Ejecutivo de Sánchez: el tope del 50% para compensar pérdidas de unas filiales con los beneficios de otras, los impuestos extraordinarios a las energéticas y los bancos, así como otros tributos que se mantienen de años anteriores, como las tasas Tobin, Google y a los depósitos bancarios, o el tope a la exención de los dividendos que ya han tributado en otros países.

Eso, sin contar los nuevos hachazos fiscales para los accionistas de las empresas, como la subida del IRPF a las rentas del ahorro y el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas que pretende acabar con la bonificación del Impuesto de Patrimonio en comunidades como Madrid y Andalucía.

Más impuestos, más paro

Este nuevo mecanismo de equidad supone más impuestos al empleo, lo que se traducirá en menos contratación o un mayor incremento del paro cuando llegue la crisis que ya está asomando en la economía española. Pero, además, tiene dos elementos que lo hacen especialmente sangrante para las empresas y sus propietarios.

El primero es que se trata de combatir el cáncer con tiritas: recaudará 2.800 millones frente al incremento de 20.000 millones que supone únicamente la subida del IPC (a lo que hay que sumar las personas que pasen a cobrar pensión por jubilación u otras causas el próximo año). Y el segundo es que con esta medida el Gobierno pretende llenar la hucha de las pensiones para el futuro… en vez de reducir el déficit actual. Algo que suena disparatado con el tamaño que está alcanzando el agujero de la Seguridad Social.

En todo caso, parece bastante complicado que la Comisión Europea acepte este mecanismo como única medida para hacer sostenible el sistema de pensiones. Al contrario, todo apunta a que exigirá a España reducir el gasto en pensiones. Pero Sánchez se niega en redondo a bajarlas en año electoral; y no sólo no las baja, sino que las sube el 8,5%. El sapo se lo tendrá que comer Feijóo.